El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, doctor Roberto González, solicitó al Viceministerio de Obras priorizar en forma urgente la reparación y rehabilitación de las secciones más delicadas de la Ruta IV.

“Hemos conformado una cuadrilla especial para atender este caso de la Ruta IV San Ignacio-Pilar. La semana entrante se sumará otra proveniente de La Paz, Itapúa, para reforzar el frente de otras. Hemos destinado 8 camiones tumba, cuatro motoniveladoras, 2 compactadoras y una retroexcavadora. Igual número de equipos se sumará el lunes”, informó el viceministro.

Por instrucciones del Ministro y del Viceministro, el equipo de profesionales del MOPC tiene la misión de realizar en 20 días hábiles como máximo el 100 por ciento del bacheo en todos los lugares requeridos. El objetivo es devolver a los usuarios la seguridad de transitar una ruta en buenas condiciones de operación.

El Ing. Chase informa a la ciudadanía, principalmente a la del Departamento de Misiones y Ñeembucú, que este tramo, que cuenta con una extensión total de 130 kilómetros, entrará en pocos meses más en una fase de “puesta a punto” y luego en otra que significará su mantenimiento por 5 años. La puesta a punto significa la rehabilitación completa y demandará poco menos de un año.

Este emprendimiento se hará en el marco del programa GMANS, que por sus siglas quiere decir Mantenimiento de Caminos por Niveles de Servicio. Los fondos para la primera fase provendrán del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de US$ 9 millones, cuya licitación arrancará en julio de este año. La siguiente, la de mantenimiento, exigirá la gestión de más recursos.

Mientras esto se concreta, el viceministro aclaró que el MOPC se encargará de mantener en condiciones de transitabilidad la extensión de la ruta, principalmente las zonas críticas. Esto quiere decir que los usuarios del transporte ya no sufrirán las consecuencias de los baches.

Cabe recordar que pasado 7 de marzo, el concejal departamental Alberto Guiringhelli (PLRA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por la situación de la Ruta IV, alegando que está amparado por el artículo 216 del Código Penal “Intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”.

La ejecución de la obra del primer tramo fue adjudicada al Consorcio Pilar. De la fiscalización se encargó el Consorcio Figueredo; Ferraz, Tecnoestudio, Hydroconsult.
El segundo tramo fue ejecutado en dos frentes, uno por el Consorcio San Ignacio (con empresas brasileñas), y otro por el Consorcio Delgado Ingaer, que culminó la capa asfáltica desde el km 113 al 81. Realizaron además obras complementarias, incluyendo la construcción del puente sobre el arroyo Ñeembucú y el acceso al puerto y aeropuerto.